Un juzgado federal ordenó al PAMI restituir medicamentos al 100% a los jubilados. La decisión surgió a raíz de una presentación realizada en Mendoza que solicitó la extensión del amparo presentado por la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a todo el país.

El juzgado federal de Mendoza Número 2 atendió el pedido y justificó su decisión en el marco de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que delimitó el alcance del derecho a la salud, priorizando siempre la protección de la salud pública.

La resolución del juzgado planteó que, en tiempos de crisis económica, se debe reforzar la protección de los derechos sociales. Por esta razón, se permitió fundar la procedencia del dictado de la extensión cautelar a todos los afiliados jubilados al PAMI en el territorio de la República Argentina.

Los jueces consideraron además los diversos pedidos realizados por distintas agrupaciones sociales, sindicatos y ONGs en todo el país, con ejemplos de estas solicitudes en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Tucumán, entre otras provincias.

Finalmente, el texto del fallo aclaró que la medida cautelar no afectará los trámites ya iniciados y sustanciados por los beneficiarios en virtud de las resoluciones suspendidas, los cuales mantendrán plena validez.

De esta manera, el juzgado buscó garantizar el acceso a los medicamentos necesarios para los jubilados, en un contexto de creciente preocupación por la salud pública y los derechos sociales en el país.

La abogada cordobesa Mabel Sessa, una de las impulsoras del amparo, explicó que esta medida cautelar fue solicitada el 23 de octubre y busca proteger a un grupo etario que enfrentó dificultades para acceder a los medicamentos necesarios.

Sessa también informó que, tras múltiples intentos por parte de PAMI de eludir la orden judicial, se presentó una denuncia penal contra el director nacional de PAMI y el director de PAMI Córdoba. La abogada indicó que esta acción se tomó debido a “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de la orden judicial, abuso de autoridad, discriminación a este grupo etario de jubilados y pensionados, y estafa procesal”.

La Justicia Federal busca garantizar el acceso a los medicamentos de los adultos mayores, en un escenario de creciente preocupación por el deterioro de la salud pública y la pérdida de derechos sociales en el país.