Se anunció una jornada nacional de movilización contra la eliminación del salario social complementario de $78.000, un ingreso que funcionaba como refuerzo para trabajadores de cooperativas y proyectos productivos. Aseguran que afectará a casi un millón de trabajadores de la economía popular.

El eje de la protesta es la eliminación del salario social complementario, un ingreso que funcionaba como refuerzo para trabajadores de cooperativas y proyectos productivos. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocó a una jornada nacional de protestas con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país para rechazar la eliminación del salario social complementario, un ingreso de $78.000 que dejará de pagarse desde el 9 de abril.

La medida impactará en cerca de un millón de trabajadores de la economía popular, entre ellos cartoneros, cooperativistas y trabajadores de comedores comunitarios. Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, el espacio busca instalar el reclamo en la agenda pública. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la UTEP sostuvo que quienes integran el sector “no son beneficiarios de planes sociales”, sino trabajadores que generaron su propio empleo en contextos donde “ni el Estado ni el mercado ofrecieron alternativas laborales”.

Desde la organización señalaron que la decisión del Gobierno implica quitar un ingreso clave para más de 900.000 personas, lo que, según advierten, profundizará la situación social en barrios populares.

El espacio también cuestionó el cambio en el esquema de actualización del beneficio, que dejó de estar vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que provocó una pérdida del poder adquisitivo del ingreso en los últimos meses.

La UTEP vinculó el reclamo con el deterioro del mercado laboral. Según estimaciones del sector, la gestión del presidente Javier Milei ya expulsó a más de 300.000 trabajadores del empleo formal, que hoy buscan alternativas en la economía popular.

Como ejemplo, Duarte mencionó el caso de Chaco, donde estimó que unos 45.000 trabajadores recibían ese ingreso. Según sus cálculos, la suspensión del pago implicará que más de $3.500 millones dejarán de circular en la economía provincial, lo que podría provocar una caída del consumo de entre 6% y 10%.