SE CUMPLEN LOS PLAZOS PARA EL DIPUTADO JAVIER GALÁN

La causa se originó a partir de cuatro denuncias por presunto abuso sexual y se encuentra bajo la conducción del juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago. Debido a la condición de legislador provincial del MID y a los fueros que posee en el ejercicio de su cargo, la investigación presenta características particulares que diferencian este procedimiento de una causa penal ordinaria.

Corresponde al magistrado reunir los elementos de prueba necesarios para determinar si existen fundamentos suficientes que justifiquen solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador. Solo en caso de que se avance en ese sentido y el cuerpo legislativo lo autorice, Galán podría ser sometido a un proceso penal en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados notificó ayer a sus integrantes de la nota que presentó el pasado 28 de mayo la diputada del PRO, Natalia Saseta, en la que pidió celeridad en el trámite de su pedido de desafuero. El escrito ingresó formalmente días después, en la sesión del 3 junio, pero desde entonces la comisión no había logrado reunirse. En paralelo, hoy se cumplen dos meses de la primera de las cuatro denuncias que se presentaron contra el diputado del MID, Javier Galán: ese tiempo es el que tiene el Juzgado de Control de Garantías para expedirse sobre un eventual pedido de desafuero para el legislador. Formalmente el plazo vencerá este fin de semana.

La Comisión recibió la nota en la que Saseta presentó, además de pedir que su desafuero se trate en el corto plazo, incorporó nueva documentación vinculada al expediente. El juez de Garantías nº4, Marcelo Sago, rechazó el planteo de insubsistencia de la acción penal “por carecer de sustento fáctico y jurídico” y, rechazó el planteo de violación a la garantía constitucional y convencional de juzgamiento en tiempo razonable. También rechazó la solicitud de sobreseimiento total y definitivo de Saseta al remarcar que “no se configura ninguna de las causales de sobreseimiento peticionables por la parte” y que “la investigación penal preparatoria no ha podido iniciarse por la subsistencia del obstáculo constitucional del fuero parlamentario, por lo que no existe mérito que evaluar para fundar un sobreseimiento por inexistencia de prueba suficiente”.

La investigación sumaria de la primera denuncia realizada en contra del diputado Javier Galán entró en la etapa de definiciones. Se trata de la causa que inició Daniela Solohaga, empleada de la Legislatura, que acusó a Galán de abuso sexual, peculado de servicio y exenciones ilegales.

En primera medida, relató que había sido llevada bajo engaños a un motel en Valle Viejo, donde fue abusada; y luego contó que pese a ser empleada legislativa, debía prestar servicios en el Corralón San Javier, empresa del diputado provincial del MID, y que además debía aportar la mitad de su sueldo a Galán.

La denuncia se realizó el 23 de abril pasado, hace exactamente dos meses, y la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, requirió la apertura de investigación jurisdiccional el 27 de abril. El expediente también recayó en el juez de Control de Garantías nº4, Marcelo Sago, quien tiene un plazo de dos meses para definir si existen elementos para el eventual juzgamiento. De ser así, estará habilitado a requerir el desafuero del legislador provincial: ese plazo se cumple este sábado.

La fiscal solicitó por entonces al juez la producción de diversas medidas de prueba, que se realizaron con el correr de las semanas: hubo visualizaciones a los dispositivos de la denunciante, además de la realización de protocolos de abuso y otras actuaciones.

Si el juez Sago requiere el desafuero de Galán, el destino del diputado (al igual que ocurre con Saseta) quedará sujeto a la voluntad de sus pares: solo puede aprobarse con 27 votos a favor de los 41 totales que tiene la Cámara baja, cifra a la que ningún bloque llega por su cuenta.