EL GREMIO ACUSA AL GOBIERNO DE SU CIERRE

El gremio STVyARA declaró el “estado de alerta máxima” y advirtió que el nuevo organigrama reduciría al organismo a tareas de control y planificación. Días atrás, el Ejecutivo abrió la licitación para privatizar rutas nacionales.

La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad “demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.

Desde el sindicato advirtieron que el Estado dejaría de construir, mantener y conservar rutas nacionales, lo que —según señalaron— implicaría un “retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales”, con impacto directo en millones de usuarios.

En ese marco, elevaron una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de impulsar medidas que tiendan a la “disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición” del organismo.

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) intimó formalmente a funcionarios del Gobierno, mediante carta documento, a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.

El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.

El sindicato también hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.