La administración pública provincial aplicó una sanción ejemplar al exonerar de sus funciones a un agente del Registro Civil, luego de comprobarse que exigía dinero a los ciudadanos por trámites que son estrictamente gratuitos.

La investigación administrativa interna se activó tras una serie de denuncias de personas que, al intentar gestionar certificaciones de nacimiento y matrimonio, se encontraban con pedidos de pagos irregulares para avanzar con los trámites oficiales.

El nivel de las maniobras quedó expuesto al detectarse que el ahora ex empleado llegó a percibir la suma de $94.000 por una gestión que no debía tener costo alguno para el contribuyente. Ante la gravedad de los hechos, el director del organismo, Sebastián Luna, fue tajante al afirmar que no se permitirán comportamientos que vulneren la transparencia institucional.

Además de la desvinculación definitiva, el caso ya fue derivado a la justicia con una denuncia penal por presunta estafa, buscando que el responsable rinda cuentas por el abuso de poder y el perjuicio económico causado a los ciudadanos.