El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que se suspendieron en la provincia, y que pague los haberes retenidos a sus titulares.

El fallo responde a la crítica situación de un sector especialmente vulnerable, cuya subsistencia depende de estos beneficios.

La acción de amparo fue impulsada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, un grupo de ciudadanos por derecho propio y el Defensor del Pueblo de Catamarca. Todos ellos demandaron al Estado Nacional a través de la ANDIS con el objetivo de declarar nulas las bajas de pensiones por invalidez laboral, adecuar los procedimientos de auditoría a estándares constitucionales y cuestionar la constitucionalidad del decreto 843/24, que endureció los requisitos para acceder a estos beneficios.

Los denunciantes sostuvieron que el decreto es inconstitucional por establecer criterios más restrictivos —como la exigencia de un 66% de incapacidad total y permanente y la ausencia de vínculo laboral registrado—,lo que vulneraría los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos para personas con discapacidad.

Además, los demandantes señalaron que la forma en que se llevaron a cabo las auditorías fue “irregular y lesiva”. Detallaron que las notificaciones fueron defectuosas y que la distancia entre los domicilios de los pensionados y los centros de atención implicó “una carga irrazonable” para muchos beneficiarios. A ello se sumó la escasa antelación de los avisos para presentarse y los plazos exiguos para asistir a la revisión. En algunos casos, incluso cuando los pensionados se presentaron a las auditorías, no había personal disponible para realizarlas.

En Catamarca, según consta en la causa, la baja de pensiones comenzó en julio. Los titulares de estos beneficios se enteraron de la interrupción directamente por la falta de pago de sus haberes.

Posteriormente, en algunos casos, recibieron notificaciones por carta documento que debían retirar del Correo Argentino, las cuales estaban redactadas en un lenguaje técnico complejo y, según los denunciantes, presentaban defectos en los requisitos exigibles.

Los afectados afirmaron que este procedimiento viciado afectó gravemente su derecho a ejercer defensa en sede administrativa y, con ello, la garantía del debido proceso. Remarcaron que hubo un objetivo deliberado de la Agencia de reducir los costos asociados a la protección de un sector vulnerable de la población. Ante esta situación, consideraron que el amparo era la única vía idónea para restablecer de manera urgente los derechos que, a su entender, fueron vulnerados por normas y procedimientos manifiestamente inconstitucionales y arbitrarios.

El fiscal federal de Catamarca, Santos Reynoso, había dictaminado previamente a favor de la competencia del tribunal, la legitimación activa de los demandantes, la admisibilidad del proceso de amparo y la procedencia de la medida cautelar solicitada.

Cabe destacar que la decisión judicial se tomó sin dar traslado a la parte demandada, considerando la vulnerabilidad del sector socialmente afectado y el carácter alimentario que asumían los haberes de pensión. Es decir que el Estado Nacional -de momento- no tuvo oportunidad de dar una respuesta a la acción.

La resolución se dictó sin dar traslado previo a la parte demandada, en consideración de la situación de vulnerabilidad de los pensionados y del carácter alimentario de los haberes. Según el juez, estaba acreditada la verosimilitud del derecho de los demandantes y el riesgo de daños irreparables en caso de demoras.

Por último, el tribunal dispuso notificar al Registro de Procesos Colectivos para evaluar si existen causas similares. Si bien el alcance del fallo es limitado a Catamarca, podría convertirse en un antecedente para otros reclamos en el país.