La fiscal de instrucción Valeria Reyes, en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita, se expidió en relación al incidente de prisión domiciliaria promovido por el abogado defensor, Pedro Justiniano Vélez, en favor del imputado

detenido Mario Rodrigo Del Campo.

La Fiscalía consideró que la solicitud carece de fundamentos reales y constituye un intento de eludir el cumplimiento efectivo de la medida de

coerción.

En la presentación, realizada el 31 de julio, la fiscal expuso como primer

fundamento la situación procesal del imputado.

El miércoles 30 de julio se realizó la audiencia de prórroga de la prisión preventiva, actualmente en condiciones de ser resuelta.

En paralelo, la defensa promovió un nuevo pedido de prisión domiciliaria, fundado en una supuesta situación de salud del imputado, vinculada a una

dolencia de larga data y a la necesidad de una intervención quirúrgica.

Sin embargo los informes médicos del Cuerpo Interdisciplinario Forense realizados cuando el imputado estuvo internado y a pedido de la fiscalía descartaron la existencia de urgencia o emergencia, y concluyeron que el cuadro clínico no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas por la Ley 24.660 para el otorgamiento de este beneficio.

Además, se detectaron inconsistencias en la documentación clínica presentada, tales como la ausencia de una fecha concreta de intervención,

la falta de respaldo en la historia clínica y una internación prolongada sin justificación médica de urgencia en un sanatorio privado.

Por todo lo expuesto, la Fiscalía rechazó la solicitud de prisión domiciliaria promovida por la defensa en favor del imputado Mario Rodrigo Del Campo. Investigación penal por falsedad ideológica y posible asociación ilícita.

En forma paralela, la Fiscalía solicitó que se tenga presente la extracción de copias certificadas de la totalidad del incidente de prisión domiciliaria, a fin

de iniciar una investigación penal preparatoria por los delitos de falsedad ideológica de certificados médicos e historia clínica.

La medida alcanza a los profesionales que intervinieron en la atención del imputado y que suscribieron informes y certificados presuntamente irregulares.

El juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, rechazó el recurso de hábeas corpus interpuesto por las defensas de Mario Rodrigo Del Campo,

José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Rocío Grisel Gordillo y Juan Pablo Collante.

El magistrado consideró que la detención de los imputados fue dispuesta mediante resolución judicial válida (Auto Interlocutorio N°320/2025), por lo que no se configura una privación ilegítima de la libertad que habilite esta vía excepcional.

Además, se recordó que existen mecanismos procesales ordinarios para discutir la legalidad o vigencia de la prisión preventiva, por lo que el hábeas corpus resulta improcedente.

También se rechazaron cuestionamientos vinculados a la indagatoria, pruebas y ejercicio de defensa, por considerar que pueden tratarse dentro del proceso penal y no a través de esta vía.